El tema de la paz ha suscitado todo tipo de interrogantes y de inquietudes por cuanto el posconflicto tendrá un costo elevado que obligará a replantear la organización económica y productiva del país. Muchos hablan de nuevos impuestos y de la necesidad de abrir opciones de trabajo tanto en el campo como en las ciudades.

Hoy Colombia atraviesa por el más difícil escenario luego de años y de siglos de guerra así como de desencuentros. Resulta increíble que la sociedad, que las comunidades y toda una nación estén en medio de una inmensa incertidumbre. Se puede asegurar que Colombia por sus características fue un país que Dios bendijo, pero que la clase política y la corrupción que le acompaña maldijo de manera injusta.

El experto en temas de paz, profesor universitario, asesor de la Unicef y miembro del Consejo de Planeación de la Cruz Roja, Mario Gómez, le dijo a Diariolaeconomia.com que la situación económica el mundo en donde hay dificultades de caja en los diferentes gobiernos hará muy complicado que los países amigos de la paz en Colombia desembolsen ayudas económicas para el posconflicto.

La cooperación internacional no se dará de una manera tan alta porque infortunadamente el mundo está en la olla, ejemplo de todo este entorno es Europa que ya reporta frenazos en algunas economías, desempleo y problemas migratorios por el caso Grecia.

Especificó que mientras Estados Unidos está saliendo de una situación compleja, China y otros países asiáticos decrecen en sus indicadores haciendo pensar que plata, como se pensaba no va a haber. Añadió que algunos están pensando que desde el exterior llegó más plata para la guerra que para la paz y ese análisis se hace cuando se cuantifican cuantos recursos llegaron con el Plan Colombia frente a ayudas para el desarrollo y la tranquilidad que se pueda avizorar.

Dijo que lo cierto es que el posconflicto obligará a reducir el gasto militar y a fortalecer el de Policía, porque en una desmovilización vendrán muchas bandas delincuenciales y una dinámica más tenaz de la criminalidad.
Sin firmar la paz, el ejecutivo tiene serios líos de caja generados por la devaluación, por el desplome en los precios del petróleo y por la caída en las exportaciones.

“Hay una serie de elementos que están en el centro del acuerdo de paz que están con la organización armada y que tiene que ver con hechos que con Farc o sin Farc el país debe acometer, estamos hablando de lo que tiene que ver con el déficit social y económico con el campo colombiano, estamos hablando también de lo que sucede en una población cercana a los quince millones de habitantes que se junta en las cabeceras de las municipalidades rurales y de lo que llaman la población rural dispersa que se ubica a lo largo del Vaupés, del Guainía, el Guaviare, el Putumayo, Arauca, etc., que son supuestamente de influencia de la insurgencia”, comentó el señor Gómez.

Explicó que hay muchas aristas en el tema y una de ellas tiene que ver con la ruralidad y la satisfacción de derechos fundamentales. El experto dijo que en Colombia, el 60 por ciento de los municipios del país están dentro de éstas poblaciones rurales en donde hay una serie de carencias estructurales fundamentales porque solamente muy pocos logran culminar la educación primaria frente a lo que significa para el resto del país que puede satisfacer los derechos de una educación básica de calidad.

Gómez agregó que en la educación media no hay acceso a la universidad pública, no hay universidades que puedan albergar a esta población, indicó que hay un alto índice de analfabetismo, de desnutrición infantil así como un rezago enorme en términos de construcción de carreteras e infraestructura vial de ésta población. Reveló que las cifras de la misma misión rural dan cuenta que solamente se ha logrado reducir la pobreza extrema en un porcentaje importante, pero particularmente derivada de la transferencia de subsidios y no del esfuerzo productivo.

“En mayor medida, el nivel de reducción de la pobreza entre el 2003 y el 2013 que fue del 31 por ciento es derivado más de los de la política de subsidios y de transferencias que de la política productiva eso quiere decir que para términos de lo que significa derrotar miseria y generar oportunidades no se está haciendo en consonancia con un modelo económico exitoso, sino en congruencia con una política de subsidios; es un crecimiento que termina no siendo sostenible con el paso del tiempo”, enfatizó.

Los líos en Colombia, dijo, no son pocos pues en sólo acueducto el 53 por ciento de la población está cubierta y el resto adolecen de servicio básico, en alcantarillado tan solo el 16 por ciento está cubierto, el 69 por ciento de la tierra está en manos de pequeños propietarios, es decir de campesinos que tienen menos de cinco hectáreas y el indicador de Gini se mueve en un porcentaje del 0.8 a 0.9, es decir que Colombia estaba en medio de una concentración muy fuerte.

Afirmó que las mismas estadísticas de la misión rural que preside el exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, demuestran que le va mejor al asalariado campesino que al productor campesino, porque los productores carecen de posibilidades de tener bienes de capital, tecnología, inversión y crédito.

En la ruralidad, analiza Gómez, hay dificultades absolutamente complejas, el 83 por ciento de las áreas rurales no están mecanizadas, lo que quiere decir que la situación en términos de inversión productiva es precaria más hoy con el escenario de devaluación.

Para el asesor, una eventual oferta exportable proveniente del campo sería bendecida por la devaluación, pero todo el proceso de insumos agropecuarios y de la mecanización de la agricultura se basa en material importado, es decir que Colombia no produce abonos, no produce tractores y menos la tubería para las redes de riego. Lo anterior significará que evidentemente con un dólar tan alto, el proceso de mecanización y de generar bienes de capital para el campo va a ser también muy costoso.

Un país sin equidad

La tribuna nacional, precisa, Mario Gómez, es más que compleja porque el 11.5 por ciento de la población es analfabeta y el 20 por ciento de los niños no ha ido a ninguna institución educativa. En términos de salud por ejemplo el modelo de seguridad social que trajo la ley 100 en el campo tiene problemáticas más agudas por la distancia que hay entre las IPS y el campesino.

Una solución en experimento son los hospitales móviles que ya funcionaron en el Guainía y esto hace que sea el hospital el que se mueva hacia los campesinos y no los campesinos hacia el hospital; pero el modelo necesariamente requiere de inversiones muy agudas.

Dadas las condiciones asegura el catedrático, Colombia debe revisar el sistema de gasto público y de asignaciones porque siempre se mira el criterio de dónde hay más proporcionalidad de población.

“En términos de la ecuación en materia de paz no es exactamente igual porque aquí es muy importante el dato cualitativo, son territorios no suficientemente habitados en relación con el resto del país pero donde está la despensa económica, si el estado quiere generar procesos de autosuficiencia alimentaria tiene que pensar en ellos. Si el país proyecta adelantos en términos de ingeniería y regalías tiene que pensar en ellos. Tenemos que saber que en la otra Colombia hay gente que está viviendo en condiciones infrahumanas muchas veces, con altísimos niveles de insatisfacción de sus derechos fundamentales”, anotó.

Otro inconveniente tiene que ver con temas laborales porque el estado no ha podido formalizar la relación laboral que tiene con muchas de las entidades públicas a nivel nacional, es decir la relación laboral no se ha podido extender de manera progresiva y global para atender a toda esa fuerza de consultores, contratistas que en ocasiones, de una u otra manera, terminan viviendo en condiciones laborales bajo el disfraz de un contrato de asesoría.

El tema no es fácil porque para no ir tan lejos, en Bogotá el estado, no ha podido generar seguridad social para todos los taxistas. El asunto sería aún más difícil cuando se piensa en toda esta población rural dispersa en términos de lo que se requeriría en formalización laboral el campo pues es una cifra absolutamente enorme.

Desde el punto de vista geográfico y político hay grandes desigualdades porque la población de los nuevos departamentos no tiene representantes en el senado, situación que genera desequilibrio.

El campo estaba mal y se dañó

La realidad campesina de hoy es demasiado inicua y de alta preocupación porque las zonas rurales perdieron protagonismo, se enfrentaron a nuevos escenarios de comercio y vieron caer la rentabilidad.

Sobre este tema Gómez asegura que la participación del sector agrícola en el PIB ha disminuido en términos muy preocupantes.

“Algunos acusan a la apertura de ser la responsable, pero más allá de la apertura económica es muy difícil pensar en cerrar fronteras en el futuro, y el tema del mercadeo unido a los debates de paz va a ser complejo; le explicaba que las Farc van a exigir, supuestamente que haya unas mejorías en términos del cumplimiento del acuerdo, uno sobre el tema agrario en la Habana y eso significa que la situación de los campesinos, supuestamente que hacen parte de sus luchas mejore, pero aclaró que esas mejoras no se pueden mantener con subsidios, ni con políticas asistencialistas, todo debe darse en términos de producción”, apuntó Gómez.

Sostuvo que por la híper ideologización del debate hay quienes piensan que la solución se puede lograr con cooperativas campesinas de base política social mientras que otros piensan que es con la agroindustria que el país realmente puede enfrentar los desafíos de la economía agraria o con la minería.

Así las cosas, afirmó, hay un trípode que está en ebullición y en conflicto permanente entre ese modelo de campesino de base, economía industrial, agraria y minería y en ese contexto, declaró, es muy importante tratar de lograr que coexistan sin una política de conflicto.

“La coexistencia entre el campesinado se logra, según algunos, con la capacitación y la posibilidad de irrigar con el Sena esfuerzos de aprendizaje para que los campesinos se conviertan en proveedores de insumos y mano de obra calificada que les lleven soluciones a las empresas mineras y a las de agroindustria, además la fórmula permite que el campesino tenga acceso a la tierra y también se convierta en productor para también vivir por sus propios medios en una agricultura más tecnificada, con posibilidades de crédito en aras de adquirir bienes de capital”, dijo.

Todo el tema productivo, consideró Gómez, tiene que darse dentro de una economía de mercado que sea sostenible y que sea la que absorba esta situación y no pensar que por miedo a que se desbarate el acuerdo de paz, el estado termine haciendo garantía de compras de alimentos y compras de bienes productivos producidos por los campesinos que no tienen salida hacia el exterior.

El tema, apreció, pasa por mejorar el nivel de información de los mercados y por contar con una bolsa agropecuaria que esté muy conectada con las demandas que requiere el planeta en términos de alimentos para que la producción campesina pueda ser rápidamente absorbida por el mercado internacional o el mercado interno. “El asunto es clave, pero no para que el estado se convierta en un comprador seguro de alimentos, el estado no puede intermediar la compra de productos campesinos sino tiene la garantía real de que esos productos tienen salida en el mercado internacional y en el mercado local”, indicó.

Desde su perspectiva, el analista considera que el estado no debe generar una economía fingida en donde garantice unas condiciones para que no se desbaraten las esperanzas de paz.

Reflexionó que otro tema que es importante y que el país no ha resuelto ni con las Farc, ni sin las Farc, ni con la población indígena, ni con la población afrodescendiente es el debate de minería en el campo y la sostenibilidad ambiental de la economía extractiva. Para Gómez, eso va a ser muy complejo porque el campo se va a mirar como un espacio económico importante, pero dijo que ese debate tiene que estar de alguna manera más claro, porque hay gente que llega con la misión del colono de producir y de hacer inversión de agroindustria, sin contemplar variables ambientales lo cual será una dificultad muy grande.

En términos de infraestructura en un entorno de posconflicto va a venir una tensión natural en todo lo que implica aplicar la ley 80 o de contratación pública porque muchas obras del Putumayo, del Guaviare, del Guainía, del Vichada o de cualquier otra zona distante del centro se harán con firmas de la región en asocio con universidades y con ingenieros, pero sin las exigencias de la ley 80.

En este frente habría algún tipo de excepciones en donde la oportunidad económica y el aprovechamiento del boom serían para los lugareños o habitantes de estas zonas.

“Muchas personas de algunos departamentos independientes a Cundinamarca, Valle del Cauca, Antioquia o Bogotá podrán hacer parte del nuevo desarrollo, podrán ser el nuevo modelo de colonos con título que podrán desarrollar un proyecto de vida trabajando en obras de las regiones apartadas en asocio con raizales. Los que ya hicieron ese ejercicio fueron los petroleros, pero el asunto no es fácil, gerenciar estos temas es bien complejo porque vamos a cambiar balas por expectativas y por hechos que brinden calidad de vida”, expuso.

En aras de tener una economía robusta, Gómez dijo que la inversión extranjera o nacional tendrá que coexistir con la cooperativas campesinas de base, partiendo que este no será un modelo económico excluyente sino que permita la convivencia y la protección ambiental.

Las obras serán vitales porque solamente con carreteras y vías se hace posible extraer producción agropecuaria para los centros de mercadeo sin las preocupaciones de las tardanzas o las demoras de productos perecederos.

“La gente tiende a pensar que con la paz llega el desarrollo y tiene razón pero lo que no tienen en cuenta es que no llegan el mismo día”, afirmó el asesor de Unicef,

Hay que mover el modelo

Para poder tener herramientas que apunten a una distribución más equitativa de los ingresos públicos vendrán algunos ajustes en el modelo económico que garantizarán cobertura e inversión.

No descartó la propuesta de una gran reforma tributaria que amplié la base para que más personas paguen contribuciones porque la pobreza no se supera exclusivamente con subsidios.

El tema agrícola, anotó, es una esperanza porque implica crecer en áreas sembradas, en emplear más personas y en disfrutar de una agricultura tecnificada y dotada con maquinaria y equipos l cual hace parte de la innovación en el campo.

Con las inversiones que demandarán los nuevos departamentos en una tribuna de paz se vislumbra todo un potencial de desarrollo que será trascendental sin dejar de pensar en las regiones del centro del país o de las zonas portuarias.

Sobre la corrupción, expresó que esta la hay en izquierda y en derecha, en ateos y creyentes, de todos los matices, situación que en un marco de paz amerita mucha prevención porque con más dineros públicos serán más los corruptos que quieran acceder a estos y por ello es recomendable tener sistemas contables y exigir una estricta contabilidad pública.

El país está cambiando, muchos sectores podrían potenciarse con la paz como el turismo, la agricultura, la ganadería y el desarrollo de las nuevas ciudades.

En ese sentido Colombia podría esperar una descongestión de los cascos urbanos como Bogotá, Medellín y Cali, pero teniendo en cuenta que esas nuevas migraciones pueden ser una amenaza ambiental, factor que debe poner al gobierno en alerta. Sin embargo hay esperanza por un proceso de paz que involucre a todos los grupos armados en una cruzada de progreso, acabando con actos violentos y ampliando la participación democrática para hacer de Colombia un verdadero paradigma en donde la felicidad no se entregue por cuotas y en donde el desarrollo y la inclusión sean el más grato común denominador.