El funcionario señaló que la iniciativa es posible gracias a la Ley 57 de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico de 2014.

De acuerdo con la referida norma, el transporte de energía se define como el movimiento de electricidad de un sistema hacia otro a través de la red eléctrica de Puerto Rico, que controla la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

La tarifa de transporte de energía se define como la cifra que la AEE deberá cobrar a un productor de energía por el uso de sus instalaciones de transmisión y distribución para el transporte de energía.

"Conforme a lo que establece la Ley 57, que crea nuestra comisión, es nuestro deber producir un reglamento de 'trasbordo' de energía, y asimismo establecer las tarifas que regirán en la industria, con el propósito de reducir y estabilizar los costos energéticos y controlar la volatilidad del precio de la electricidad en Puerto Rico", señaló Carbó Lugo.

Indicó que para ello la organización que dirige se ha dado a la tarea de solicitar información e invitar a conferencias técnicas a una representación de las partes interesadas, entre ellas, los productores de energía renovable o interesados en su producción, a la AEE y la Oficina Estatal de Política Pública Energética.

Se consideran productores de energía renovable a aquellos dedicados a la producción de energía para consumo en Puerto Rico, incluyendo la energía solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, biomasa, hidrógeno o desperdicios sólidos, entre otras.

Dijo que el proceso de investigación es paralelo al de la investigación para la revisión tarifaria del sistema eléctrico, que será de utilidad para conocer la realidad de los gastos operacionales de generación y distribución de la AEE.

La Comisión de Energía de Puerto Rico fue creada el 27 de mayo de 2014 por la Ley 57-2014, conocida como la Ley de Transformación y Alivio Energético de Puerto Rico, con el fin de que investigue, fiscalice y regule la industria eléctrica y todos sus componentes, incluida la AEE.

Otras de las funciones asignadas es la vigilancia de la capacidad, seguridad y eficiencia del servicio eléctrico, así como la racionalidad de las tarifas por dicho servicio. EFE