Un duro cuestionamiento a las empresas generadoras de energía hizo el congresista del Movimiento MIRA, Carlos Eduardo Guevara quien dijo que pese a que estas empresas recaudaron 26 billones de pesos en los últimos diez años por concepto de “cargo por confiabilidad”, hoy no pueden garantizarles a los usuarios el mínimo abastecimiento de energía cuando hay escasez de agua.

Denunció que la crisis actual se debe a que las hoy cuestionadas termoeléctricas decidieron invertir en plantas generadoras de energía, donde su principal insumo es el agua porque el costo-beneficio es más rentable que cualquier otra alternativa, sin tener en cuenta que los dineros pagados por los usuarios eran para hacer inversiones en plantas generadoras que no necesitaran recurso hídrico y así poder afrontar los cambios climáticos y la escasez del preciado líquido.

“Posiblemente en enero del próximo año dependeremos de otros países como Venezuela para suplir la demanda de gas que se requiere para la producción de energía, no siendo esta la mejor alternativa por la situación diplomática que vivimos con el vecino país”, declaró el señor Guevara.

Manifestó su descontento porque desde 1996 los usuarios están pagando este costo que inicialmente se llamaba “cargo por capacidad”, pero que en 2006 fue rebautizado como “cargo por confiabilidad”, cuyo fin era garantizar la disponibilidad de oferta eficiente de energía eléctrica en épocas de crisis hidrológica.

A criterio del parlamentario, la situación se agrava aún más porque este cargo tenía una destinación específica y dichas empresas no acataron la reglamentación y en pocas palabras, los colombianos ya pagaron casi nueve veces las pérdidas que aducen estas empresas.

“Es inconcebible que teniendo los recursos para atender el suministro de energía eléctrica en una crisis como la que estamos viviendo la Superintendencia de Servicios Públicos no haya alertado en su momento del bajo nivel de ejecución de los proyectos y que por tal razón ahora las pérdidas las tengamos que asumir los usuarios vía tarifa y que es lo que hemos denominado una compra con tarjeta donde nos van a diferir las pérdidas para que las paguemos mensualmente durante tres años y adicional a eso tengamos una dependencia energética. Recordemos que el apagón del año 1992 le costó al país 2.5 % del PIB que en plata hoy equivale a 20 billones de pesos sumados a las consecuencias en productividad y el aspecto social”, sostuvo.

Finalmente hizo un llamado de carácter urgente al Gobierno Nacional para que revoque la decisión del rechazado incremento tildado de injusto para con los usuarios.

El Congresista exigió la entrada en operación de los proyectos de generación Tasajero II y las hidroeléctricas de Carlos Lleras Restrepo y San Miguel. De igual forma pidió la aprobación de las inversiones para que las plantas térmicas con líquidos puedan pasar a combustibles más económicos porque las pérdidas de las empresas de servicios públicos deben ser asumidas por sus socios como lo estipula la Ley 142 de 1994.

“Todo lo anterior hace aún más inviable y menos conveniente la venta de Isagen”, consideró el parlamentario.