La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con FIAN Colombia, Red PaPaz, el Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Dejusticia y la Liga de Consumidores Tal Cual, convocó a académicos, investigadores, y actores de la sociedad civil para consolidar un espacio de diálogo plural y deliberación pública sobre los retos y amenazas que enfrenta la alimentación saludable en Colombia.
“Reconocemos que la defensa del Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuadas (DHANA) requiere la convergencia de múltiples saberes, perspectivas y experiencias: desde la evidencia académica generada en laboratorios y estudios de campo, hasta la sabiduría ancestral territorial de comunidades indígenas y afrocolombianas, pasando por los aprendizajes de la sociedad civil que día a día trabaja en territorios”, afirmó la vocera del CAJAR para la campaña “Dulce Veneno”, Yessika Hoyos Morales
Agregó que desde el CAJAR se constató que la amenaza de retroceso en políticas públicas de alimentación saludable es real y requiere de una respuesta coordinada, fundamentada en evidencia, libre de conflictos de interés económico y de mercado, y guiada únicamente por el compromiso con la salud y el bienestar de las comunidades.
Frente a la situación la jurista expuso que las instituciones y organizaciones presentes acordaron en primera medida fortalecer la red académica y sumar las voces y experiencias de las facultades de la salud, y de las múltiples disciplinas que pueden aportar análisis críticos complementarios por el derecho humano a una alimentación adecuada. Esta confluencia de saberes, aseguró, permite comprender la alimentación saludable no solo como un tema biomédico, sino como un fenómeno social, cultural, ambiental y político.
En el punto de producir análisis académicos rigurosos, libres y transparentes el CAJAR apuntó que se compromete a que toda investigación, análisis y recomendación pública sea fundamentada en evidencia científica rigurosa. Asimismo, enfatizó, el colectivo se obliga a declarar de forma transparente cualquier posible conflicto de interés económico, corporativo o de mercado que pudiera influir en las posiciones. Su único interés, acentuó, es la salud y el bienestar de las comunidades.
Reconocer el rol crucial de la sociedad civil
A juicio de Hoyos Morales, la sociedad civil no es un receptor pasivo de conocimiento académico. Es, puntualizó, un actor político con autoridad moral que genera conocimiento, informa, canaliza y dinamiza cambios en territorios. Dijo que la academia se posiciona como una herramienta al servicio de procesos sociales que ya están en marcha, no como la vanguardia que dicta la agenda. Consideró que defendiendo una sola voz, juntos construirán análisis.
Crear semilleros de investigación en políticas públicas
Otra iniciativa propuesta consiste en establecer espacios académicos que combinen investigación rigurosa con incidencia política, enfocados en fortalecer la comprensión, defensa y sostenibilidad de políticas públicas de alimentación saludable. Estos semilleros, manifestó, integrarán estudiantes, docentes investigadores y actores de la sociedad civil, libres de conflictos de interés comercial.
Reconocer e integrar otros saberes
En sus precisiones recordó que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, y sus aliados, reconocen que los saberes sobre alimentación, nutrición y salud generados históricamente por pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas tienen validez y relevancia contemporánea.
“Nos comprometemos a crear espacios de diálogo intercultural donde estos saberes no sean subordinados a la lógica académica occidental, sino valorados como conocimientos legítimos que enriquecen nuestra comprensión”, añadió la abogada del CAJAR.
Defender y consolidar los logros alcanzados
Reconoció que Colombia ha avanzado en medidas como impuestos saludables a productos comestibles y bebibles ultraprocesados, etiquetado frontal de advertencia, restricciones al marketing dirigido a menores, y regulación de ambientes escolares saludables. Igualmente, el CAJAR se comprometió a defender estos logros frente a presiones corporativas, retrocesos legales y captura regulatoria. Subrayó que amén de las tensiones el país no perderá el terreno ya ganado.
Anticipar y gestionar amenazas
La situación y todo lo que hay en el medio, dijo la abogada, conlleva a identificar, monitorear y responder de forma coordinada a las presiones económicas, políticas y comunicacionales que buscan debilitar o revertir políticas de alimentación saludable. La alianza, expresó, funcionará como una red de alerta temprana y respuesta rápida ante interferencias corporativas.
Declaración final
Finalmente, la vocera del CAJAR para la campaña “Dulce Veneno”, Yessika Hoyos Morales, subrayó que la alimentación saludable es un derecho humano, no un privilegio. Así las cosas, opinó, es un determinante social de la salud y un deber del Estado garantizarlo. Insistió que las instituciones firmantes del comunicado se comprometen a trabajar de forma coordinada, transparente y libre de interferencias corporativas para fortalecer las políticas públicas que lo protegen.
“Reafirmamos que la universidad pública tiene la responsabilidad de aportar análisis rigurosos, diálogo intercultural y compromiso territorial a la defensa de los derechos fundamentales de nuestra población. La salud de las comunidades nos guía. El bienestar de nuestras sociedades nos mueve”, concluyó la jurista.
