Colombia es un país en donde el problema de la tenencia de tierras y la carencia de titulación es un común denominador, hay predios heredados que han permanecido durante décadas sin la respectiva actualización, un tremendo inconveniente porque la situación conlleva a bloqueos bancarios, expropiación indebida, despojo y nuevos apuros contractuales. Otro dolor de cabeza en el país tiene que ver con las deudas adquiridas con el sistema financiero, los cobros inhumanos, el Data Crédito y el sufrimiento al que llevan algunas casas de cobro, no todas legales ni dentro del marco legal.
Antes de entrar en materia es oportuno decir que el derecho es el cúmulo de reglas y principios por medio del cual una sociedad o comunidad opta por adoptar una gobernanza o entrar por una disciplina atada a los valores y por esa ruta determinar que es justo e injusto, caos y orden, parcialidad e imparcialidad, una serie de normas que tuvieron origen en los pueblos antiguos, no solo para quedar como un referente histórico sino que evolucionó para generar buen comportamiento y probidad en la raza humana.
Según los antropólogos y otros inquietos dedicados a explorar las cuitas del derecho, las normas iniciales y las leyes avaladas aplicaron de manera oral, unas labores relativamente cortas que defendían el intercambio o que simplemente resolvían altercados o reyertas frente a la propiedad, la intimidación o el crimen. Con el acelerado paso del tiempo crecieron las sociedades haciendo más difícil aplicar o interpretar las leyes, situación que llevó a tenerlas redactadas o archivadas en escrito, una salida coherente ya que las conservó y solventó la desafiante obligación de memorizarlas.
En derecho se conocen infinidad de libros o textos, empero los tratados fundadores del derecho fueron escritos en tablillas de arcilla y provienen de la antigua Mesopotamia. Entre ellos se destacan el código de Urukgina que tuvo vigencia en Uruk, ciudad de Sumeria, en el año 2380 antes de Cristo.
También brillo en las arenas del pasado el código de Ur-Nammu promulgado por el rey de la ciudad-Estado de Ur en 2050 antes de Cristo. Dentro de todos se destacó el famoso código de Hammurabi ordenado en 1790 antes de Cristo por el entonces rey babilonio el cual creaba medidas y determinaba castigos por violaciones, muertes o condiciones desleales.
La historia dice que en la antigua China fueron determinantes distintas entidades u organizaciones encargadas de rubricar leyes, labor que data aproximadamente desde el siglo V antes de Cristo, de todas maneras, le correspondió a la dinastía Qin acopiarlas y unificarlas en un documento único de entorno político, militar económico, cultural e ideológico entre los años 221 y 206 antes de la era cristiana. Fue tan importante este código que soportó el derecho Qin, instrumento legal del imperio chino que fue adquirido con lo siglos por la dinastía Han que finalmente la ligó con los tratados de Confucio y base del posterior confucianismo.
Son muchos los paradigmas que se han visto en materia de norma o derecho, los del antiguo Egipto, las leyes dictadas por los judíos de la antigüedad que siguen vigentes en la Sagrada Biblia o los tenaces códigos fenicios aplicados al comercio.
De todas maneras, occidente hizo la gran diferencia en asuntos de derecho y por ello el derecho romano fue distinto. La República Romana le dio forma a un marco complicado, pero atiborrado de atributos que lo tuvo vivo por cerca de 1.000 años ininterrumpidamente. Se recuerdan instrumentos pioneros como la Ley de las XII Tablas, hasta el repertorio jurídico implementado en el siglo VI Después de Cristo por el emperador Justiniano, nada más y nada menos que el Corpus luris Civilis.
Hay que decir que en Roma se logró diferenciar el derecho público del privado, algo esencial porque permitió regular los temas exactos del Estado, pero igual los inherentes a las actividades de índole privada.
Los romanos potenciaron sus leyes y por eso tomó como referencia los hábitos, las determinaciones del Senado, los conceptos de sus magistrados, sin embargo, también plebiscitos y el criterio de los jurisconsultos. Luego, pasada la República e instaurado el imperio en el 27 antes de la era Cristiana, fueron consideradas las constituciones imperiales, rubricadas desde luego por el emperador.
El derecho romano fue tan trascendental en los pueblos occidentales y el mundo que buena parte del sistema jurídico de no pocas naciones, tiene sus raíces en las leyes de los césares. De hecho, el término derecho viene de la expresión latina “directus”, que quiere decir recto o directo, algo que no se desvía.
Los siglos han pasado, las épocas quedaron plasmadas en la historia y el derecho se afianzó en una práctica milenaria que con la evolución se fue acomodando a las sociedades para administrar justicia y llevar equidad, rectitud y confianza a los distintos pueblos.
El presidente de la firma Mazorra Abogados, Sebastián Mazorra le dijo a Diariolaeconomia.com, que es muy urgente legalizar predios en todas las comunidades, cafeteras, agricultoras, mineras y otras que dependan de la tierra, luego tanto en predios rurales como urbanos existe la necesidad latente de contar con un título en vista que solo así hay propiedad y con esta el derecho a adquirir préstamos, crédito, fomento estatal y todo lo concerniente a la vida financiera porque la propiedad da un valor de acuerdo a lo que rezan los papeles.
Agregó que muchas personas en los territorios dicen que tienen documento privado, carta-venta, documento de compraventa o permuta, pero el profesional insistió en que eso no es un título pues si en la oficina de registros públicos de cualquier municipio o ciudad no está registrada la titularidad, básicamente el propietario tiene al mejor estilo de Rafael Escalona, “la casa en el aire”, luego lo ideal, insistió, es que las personas busquen asesoría e información de cómo legalizar un predio que tiene por años, una decisión de invertir que queda en manos de quien cree que es dueño de algún predio o inmueble.
La no legalización de predios o propiedades, explicó el jurista, está atado a un tema cultural, pero igual a costos y al desconocimiento de los trámites y de todo lo que demanda adelantar para legalizar los inmuebles. Ese paso, el de instruir a las comunidades, es un trabajo que hace de manera gratuita la prestigiosa firma de abogados, es decir auscultar los requisitos, el qué hacer, orientar sobre levantamientos topográficos, estudios y trámites que van desde lo técnico, pasando por lo administrativo hasta lo judicial porque en su opinión la legalización de tierras tiene varias fases en las cuales se necesitan herramientas catastrales, ubicación del predio, municipio, vereda o dirección, naturaleza del predio, objeto público, privado, falsa tradición, identificación de ejido o baldío y definir ante quien se debe dirigir el oficio y la diligencia, un juzgado por posesión, pertenencia, artículo 375 del Código General del proceso, o posiblemente ir a la Agencia General de Tierras si se tratara de un baldío, ejido o si el proceso debe adelantarse ante un municipio si la naturaleza fuera de índole público.
En predios lo mejor es no dar papaya
A juicio del presidente de Mazorra Abogados, en asuntos de tierras lo mejor es como se dice popularmente, “no dar papaya” porque a raíz de eso hay invasiones y luego pleitos que el dueño pierde por físico descuido.
“He estado en más de veinte procesos de desalojo y procesos de actas de entrega por embargos, hipotecas, remates y sucesiones que no levantaron por años, temas recurrentes en todo el territorio nacional porque la tierra ha sido cedida en mayor extensión y las parcelaciones, divisiones o aquellos predios que fueron hurtados a medida por invasiones también, o porque fueron compraventas hechas de manera informal, como digo, contratos de compraventa y documentos autenticados en una notaria que no son títulos de propiedad puesto se trata de mucho más que eso legalmente hablando”, declaró el señor Mazorra.
Recalcó que Mazorra Abogados hace una asesoría totalmente gratuita en el tema de predios en el territorio nacional razón por la cual la firma llegó a Bogotá, precisamente a las constantes consultas de la capital del país, de Medellín, Soacha, Tunja y diferentes partes del país en donde existe esta problemática y en donde hay un mar de dudas, una situación que llevó a la firma a tener una oficina nacional que será muy útil gracias a la indicación dada por profesionales del derecho.
La empresa, aseveró el agente, con base a la experiencia lleva soluciones jurídicas reales y efectivas, pero también sin carreta porque hay de por medio activos esenciales como la honestidad, el compromiso y el conocimiento.
Uno de los puntos en donde el jurista más hace hincapié es que un problema que se tiene por años y que ha sumado todo tipo de querellas, no se soluciona en un mes, en un semestre o un año porque el abogado que dice lo contrario estaría faltando a la verdad porque son trámites judiciales que, por Ley, artículo 121 del Código General del Proceso se demoran año y medio, que eventualmente puede salir antes, algo excepcional y genial, pero también, manifestó, se puede demorar.
Sobre las reglas de Mazorra Abogados, el experto señaló que la firma habla de manera concreta y directa, dice cuánto cuesta el proceso y qué tiempo puede tardar, obviamente informa sobre los pasos, documentos e información deben dar los interesados porque un abogado demanda información precisa y el cliente una verdadera solución.
La firma de juristas arrancó sus labores de litigio en 2017, Sebastián Mazorra estudio derecho en Popayán lo que hace que sea huilense de nacimiento y payanés de corazón. La oficina empezó a operar en Pitalito gracias al gremio funerario y allí empezó una interesante expansión regional que llevó el portafolio a Garzón, Neiva, La Plata, pero igual en Florencia, Caquetá, y el Putumayo, toda una estructura profesional para atender toda la zona sur del país.
La llegada a Bogotá obedeció a la necesidad perentoria de llenar vacíos y poner al servicio de los capitalinos y habitantes del centro colombiano como también de todo el país, los mejores profesionales del derecho para atender cualquier eventualidad legal con todo el profesionalismo y el mejor servicio, unas soluciones que se pueden ampliar fácilmente porque como todo, el derecho se volvió virtual, pero hay de antemano una oficina y un grupo de amigos que harán tramitaciones y asumirán casos de manera eficiente y con toda la responsabilidad en todo el tema de legalización de predios.
Con la experiencia acreditada por Mazorra Abogados, el público va a la fija porque hay valores y facilidades de pago, todo dentro del término que dura el proceso, una manera sencilla y fácil de servir porque la solución es real, todo garantizado por un trabajo encomiable en donde se han legalizado más sesenta predios en el territorio nacional, una garantía que sumando requisitos de la información de ley establecidos en la norma porque los términos están determinados en ella, avala pleno cumplimiento de legalización de predios salvo que tengan oposición o haya un pleito pendiente, en derecho, explicó, otro tema porque por lo general la posesión es sana, pacífica e interrumpida, pero subrayó que la decisión de invertir está en el cliente que busca formalizar su pertenencia o dominio.
“Muchas personas dicen que su propiedad vale 100 o 200 millones, invierten mucha plata en ella, pero al preguntarles si tienen el título dicen que no porque según los tenedores no tienen afán, solo que cuando llega un desalojo o un problema legal ahí sí les urge apagar el incendio y volvemos a lo dicho anteriormente, un lío de muchos años no se solventa en unos pocos meses, la situación requiere su inmediata solución, pero la decisión de contratar los servicios es de cada persona”, acentuó Mazorra.
Violencia y propiedad, un problema legal que pide comprensión y sensatez
Para nadie es un secreto que, durante décadas o siglos, los procesos de violencia en Colombia han generado proscripción, despojo e inequidad, generalmente los conflictos internos y las guerras terminan quitando propiedades y obligando a muchos a abandonar el terruño para llevar familias enteras a los cinturones de miseria cada vez más extensos en cada ciudad. El Estado creó el mecanismo de restitución en donde se hace importante la asesoría legal porque corrientemente las personas no saben a qué tienen derecho, cómo reclamar o cómo legitimar y blindar lo que les devuelven, un caso cierto es que muchos recuperaron su propiedad y la volvieron a perder.
En su plática, el abogado Sebastián Mazorra apuntó que lamentablemente por la tierra, desde 1956, cuando nacen las primeras guerrillas y otras expresiones violentas, el tema de la pertenencia de predios ha resultado un factor determinante en la violencia, intimidación, abuso y saqueo, sin embargo, aclaró, y hablando en términos técnicos, el problema de las tierras robadas es un fenómeno que deben abordar entidades como el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, la Agencia Nacional de Tierras, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, y secretarías de hacienda que infortunadamente no se preocupan por el tema de la tierra, un mal ejemplo que parte del aparato estatal, malenseñando a toda la sociedad.
El contertulio afirmó que ya hay personas que por el asunto financiero y los problemas legales ven la necesidad de hacer las cosas al derecho y en derecho y allí Mazorra Abogados quiere ser la oferta a la demanda existente para legalizar títulos.
El problema está regado por todo el territorio, agregó Mazorra, en alguna ocasión, dijo, le escribieron de San Andrés para consular por una tierra baldía, tema que impactaba la operación de un hotel, a hoy sigue el acercamiento y la firma de juristas atenderá con el mayor gusto a su cliente en la nueva oficina del sector de Teusaquillo en Bogotá, punto que busca atender a todas las personas a nivel nacional.
Una salida en el tema de tierras podría darse con una ley más expedita que facilite la legalización para que las personas vean este ejercicio como algo amigable mas no como un trámite tortuoso. Hace unos años Mazorra propuso una solución en ese sentido en la Asamblea Departamental del Huila, a la encargada del despacho le sonó la idea, pero como todo, en política nada es viable cuando no hay filiación o aguda demagogia.
La legalización de predios no tiene necesidad de depender de la Agencia Nacional de Tierras o de un juez para solucionar un problema de títulos y legitimación si actualmente la mayoría de negocios jurídicos se hacen en las notarías, el sitio ideal para legalizar tierras, una salida rápida que inclusive genera empleo adoptando el mismo procedimiento de las sucesiones, pero tristemente pasarán muchos años para que la parte burocrática del Estado lo pueda notar, una pena porque es de manera elemental una forma fácil, viable y rápida para refrendar o certificar un predio que lleva por más de 30 años.
En las notarias se hace un procedimiento corto, tan solo se acude a la publicación y promulgación del edicto u orden para legalizar. Mazorra recordó que en las notarías se hacen la mayoría de escrituras públicas del país.
DataCrédito, un flagelo
Dentro del portafolio de la firma huilense, aparte de la legalización de tierras e inmuebles está el tema de las deudas, los cobros jurídicos y el DataCrédito. La oficina, es oportuno precisarlo, maneja muchos servicios del ámbito jurídico puesto que está conformado por un pool de abogados socios dentro de una razón social en donde hay derecho penal, de familia, sucesiones, derecho notarial y otros contextos de la jurisprudencia.
En más de siete años de experiencia, la firma ha notado el flagelo del DataCrédito, es decir reportes, problemas con bancos, aseguradoras, establecimientos de comercio y señalamientos que se extienden en el tiempo, truncando la vida financiera de muchos colombianos. En opinión de Mazorra la gran migración de colombianos a Estados Unidos y otros países es por esa razón, porque están reportados y al no tener acceso al crédito, sencillamente les resulta imposible apalancarse en su vida financiera, dicho de otra manera, nadie les presta para adquirir una casa, un carro o inyectar capital para un negocio.
En este frente Mazorra Abogados brinda igualmente asesoría gratis para que los nacionales con problemas de ese tipo solucionen sus inconvenientes de manera efectiva, apartando con soluciones a muchos del estrés y el sufrimiento que implica un cobro repetido y sin pausa. Allí hay gestión ante la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Solidaria, la Superintendencia de Industria y Comercio y otros entes. Allí, aclaró, se hace un trámite que consiste en una demanda invocando el Estatuto del Consumidor, una Ley muy reciente, de 2011 la cual protege los derechos de la gente, pero de la que hay total desconocimiento.
“Nosotros aplicamos esa acción o demanda para que su hábeas data sea un derecho que se pueda proteger. Acabo de ganar un proceso contra el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, por más de 20 millones de pesos, muchacha debía aproximadamente 40 millones de pesos, hoy no tenía pagaré y nos dieron saldo en mora, cero deudas, y su registro está positivo, ya no aparece negativo como quien dice que contamos con la experiencia y los criterios para legalizar la vida financiera, la asesoría es totalmente gratuita. Expedimos un certificado de DataCrédito a través de un ingeniero, nos lo envía, sabemos cuántos reportes tiene y sobre eso empezamos a dar soluciones en el espacio financiero, todo con las entidades pertinentes porque si eso no se remedia, claramente habrá problemas de largo tiempo por la prescripción o caducidad de los títulos”, precisó Mazorra.
Sobre el tema de acreencias el jurisconsulto informó que muchas entidades reportan a los ciudadanos sin que haya títulos y eso es lo que la firma demanda ante los jueces.
Algo innegable es que en las principales ciudades y en el país pululan oficinas, muchas de ellas de garaje, que cobran deudas bancarias fruto de cartera vencida en donde las entidades financieras que manejan seguros, venden la cartera a empresas o casas de cobro que hacen exacción o recaudación en ocasiones arbitraria. El asunto es bien delicado porque ante tanta oficina, muchos han puesto su dinero en manos de estafadores, unos casos aberrantes, todo por no ir a donde verdaderos profesionales.
Bien lo dice el presidente de Mazorra Abogados, hay carteras de cobranza que llaman a las personas de domingo a domingo, no dejan vivir, acuden al teléfono desde las seis de la mañana hasta altas horas de la noche, algunas veces con exigencias absurdas porque piden pagos inmediatos cuando hay de antemano problemas de ingreso y ruina. En su análisis, el jurista dice que todo eso pasa porque la gente no decide solucionar el problema que no es sacar plata y darles, o remunerar un abogado, sencilla y llanamente es informarse, un paso que se logra con el acreditado bufete en Bogotá o cualquier parte del país.
Mazorra Abogados lo que hace, especificó el profesional, es ir de frente contra esas entidades e indagarles sobre el pagaré, saber en dónde está ese recibo y paralelamente recordarles que las obligaciones son civiles y naturales, civiles cuando se pueden ejecutar en un juzgado, naturales cuando el deudor es quien tendrá si o no la voluntad de pagar, es decir no existe.
Actualmente existe una Ley, pero es urgente meter en cintura a los cobradores de cartera que no lo son y que han generado detrimento económico en las personas, para eso, dijo, hay un Estatuto al Consumidor y por ende protección al mismo, la acción existe y según Mazorra hay unas sanciones que van de cero a mil millones de pesos multa y de ahí para abajo numerales en donde hay multas demasiado graves, el problema, comentó, es quien la aplica y quien hace el seguimiento realmente.
“Claramente hay que hacer un procedimiento, una demanda, cumplir unos requisitos, esperar que reciban, que admitan el proceso, notificar, pero el procedimiento ya está, el asunto es qué tan efectivo puede ser contra estas carteras y entidades porque los bancos en sus respuestas dicen que vendieron la cartera, el título y que en adelante el deudor debe entenderse con la famosa cartera de cobranza, el meollo es que no aparece la autorización de quien tomó el crédito en unas condiciones determinadas y lo más grave sin notificación alguna, luego hay una ilegalidad que hemos estado demandando mucho, sobre el tema de la indebida notificación de títulos comerciales porque el usuario de crédito tiene el derecho a que lo notifiquen y le autoricen”, puntualizó el abogado Sebastián Mazorra.
Manifestó su malestar porque muchos están haciendo lo que quieren con pagarés que muchas veces están prescritos y siguen cobrando lo que da campo para una denuncia penal, sin embargo, afirmó, lo que se le puede decir a la gente es que hay una firma dispuesta a defender los derechos de los usuarios de crédito y para ello opera a nivel nacional con alta presencia en redes sociales. Los interesados pueden comunicarse con el móvil 3134155056, línea oficial de la oficina.
A la fecha, señaló, hay atención virtual y existe Mazorra Abogados para que la gente consulte consolidados profesionales y deje de comer cuento, la idea de la firma es contribuir para que cada vez más personas solucionen sus inconvenientes.
En justicia hay cosas por mejorar
Por estos días la palabra de moda es reforma y la justicia perfectamente pide una a gritos dada la acumulación de procesos y casos.
Para Mazorra Colombia opera con el sistema continental que viene de París, una herencia napoleónica expresada en el Código Civil, pero sostuvo que el método que realmente funciona es el anglosajón, inglés o americano porque no se guía tanto por formalismos como pasa en Colombia en donde saturan y no ayudan los trámites requisitos, formalismo y trabas que hacen más corrupto todo el engranaje judicial, de contratación y demás.
La mejor manera de tomar correctivos en justicia es a criterio del abogado, aplicar los principios que hoy tiene el Código General del proceso y el Código Procesal Penal, pero en general todos los procesales que tienen la herramienta de la oralidad, pero anotó que ni los funcionarios públicos, secretarios en adelante y jueces están dispuestos a la elemental oralidad. En Estados Unidos, detalló, se pide la cita para una audiencia y un pleito, a los 15 días, a más tardar un mes, apuntó, dan la cita, en total 40 días aproximadamente, en ese tiempo se hace presencia, se adjuntan pruebas, testigos jurados y juez y en menos de uno o dos meses hay pleito y decisión, todo por la oralidad, cosa que en Colombia no aplica a pesar de que está en lo códigos sin que aparezca en el derecho sustancial, un debate complejo en los juzgados sobre todo cuando hay oposición a tanto formalismo y trámites innecesarios.
Hacer comparaciones no es bueno, pero basta con mirar países y ver que en la Fiscalía colombiana hay mil procesos sin resolver en manos de un solo fiscal, todo por exceso en trámites, poca eficacia y la necedad de no aplicar los principios de la oralidad en todo el sistema del derecho en general.
El tema es de voluntad y sentido común político, todo demandando atención de las tres ramas del poder público, urge que se den cuenta que sí hay salidas al caos de la justicia, todo sobre el entendido que si a la rama judicial se le imparten unas leyes como lo es la oralidad se acaba la impunidad, sin esa figura, dogmatizó Mazorra, no habrá efecto en la sociedad y menos en el sistema.
“Hay una sentencia de la Corte Constitucional muy interesante que habla sobre la prevalencia del derecho sustancial a las formalidades, pero eso los jueces se los pasan por la galleta. Por momentos trato de no ser muy técnico y apelo al lenguaje común porque es inconcebible como la justicia en un trámite se demora tantos años cuando simplemente es un debate en un juicio, quien sale vencedor y quien perdedor. Ese pleito se puede morigerar y alcanzar justicia en todas las ramas del derecho, pero las formalidades que tiene el sistema dejan ver negligencias pues insisto, el problema de la justicia está en no aplicar la oralidad”, concluyó el abogado Sebastián Mazorra.
