Por: Geraldine Méndez Hernández

¿Cómo se va a pagar la paz?, fue el interrogante que abrió el debate con ocasión del conversatorio “La Realidad Económica del País en un Eventual Posconflicto” convocado por la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro (Acore).

Justo en el tema de financiación, los oficiales en retiro de La Reserva Activa de Colombia presentaron su preocupación por considerar que ese es un aspecto determinante para solventar la posible coyuntura del país en un escenario de tranquilidad.

El foro contó con la participación de expertos en el tema económico y por ello fue posible escuchar las opiniones de Daniel Castellanos, sub gerente técnico de cifras y conceptos, a Juan Esteban Orrego Calle, Director de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco Bogotá y Cundinamarca así como la mirada y el análisis del senador, Iván Duque Márquez, quienes debatieron la realidad económica del país y los retos esperados tras una posible firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc.

A criterio de los panelistas, el panorama económico de Colombia no es el mejor cerca de un eventual posconflicto hablando en contextos sociales, políticos y financieros. Consideran que el de la Habana, ha sido un proceso que se ha acelerado sin que hasta la fecha sean relevantes y de grueso número los acuerdos que han sido expuestos ante la opinión pública del país.

Entre los tantos interrogantes hay uno que surge por encima de todos y es ¿de dónde saldrá el dinero para financiar un eventual posconflicto, si el país está en una situación de ajuste económico?

Una de las variables que se tuvo en cuenta fue la crisis petrolera mundial la cual afecta a Colombia ya que la mitad de los altos niveles de inversión extranjera se dan con cargo a la industria petrolera.

Cabe resaltar que el recorte presupuestal en el Plan Nacional de Desarrollo es de seis billones de pesos aproximadamente y está vigente la prioridad de invertir en vías 4-G.

Los doctos coincidieron en afirmar que al Gobierno Nacional se le olvidó cuantificar los efectos de la paz porque no se incluyeron costos y tampoco se calculó el valor del posconflicto.

Según el analista, Daniel Castellanos, la estrategia del Gobierno nacional consistió en algo elemental y verdaderamente apremiante para el país pues consideró prioritario firmar la paz y luego atender los requerimientos de dinero para cubrir el oneroso proceso.
“No se creó una reforma tributaria ni se pensó en una estrategia económica pensada desde la crisis mundial, es por eso que ahora los colombianos y contribuyentes del país tiene que reajustar sus gastos para poder pagar los altos costos de la paz”, declaró el señor Castellanos.

¿Qué pasa por alto el Gobierno?

Dentro de los vacíos que se encuentran en todo el escenario de posconflicto está la preocupación de la reforma tributaria estructural que se debatirá en el Congreso y que regirá a partir del segundo semestre del año.

Los expertos estiman que habrá un incremento del 19% en el IVA, por lo menos así lo dejó claro el Senador, Iván Duque Márquez quien anotó que hay un visible y alarmante desequilibrio económico que tendrán que empezar a pagar los tributantes y que tiene una factura que se aproxima a los 40 billones de pesos, cifra totalmente angustiante para los que pagan impuestos en Colombia.

Por otro lado, las cifras de desempleo superan los 2,2 millones de colombianos y según estimativos aproximadamente se integraran a la vida legal alrededor de veinte mil militantes de las Farc.

Ante este panorama, el Director de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, indicó que el gobierno debe enseñar un oficio productivo a los desmovilizados y no caer en errores de subsidios, asistencialismo ni alicientes.

“Es por esto que se propone capacitar a estas personas en oficios donde se pueda aumentar la producción, es cierto que los costos de la paz pueden ser altos, pero cabe resaltar que devolverse al conflicto sale aún más caro y así mismo no se puede pensar que las zonas de paz subsidiadas sean manejadas con la misma estructura jerárquica propia de las Farc. No estamos hablando de paz, sino de una negociación con un grupo armado” especificó el vocero gremial.

El senador, Iván Duque, consideró que los desbalances y el déficit de cuenta corriente que llega al 48% aproximadamente generando alertas es un lío para nada de poca monta que hay que atender, revisar y atacar. No menos importante, dijo, es el tema de la deuda pública y su preocupante aumento.

En ese orden de ideas, el congresista especificó que hay inquietudes sobre si el Gobierno Nacional pensó en vigencias futuras y en una ingeniería del detalle.

¿Cuál es la estrategia para la paz?, se indagó el señor Duque a tiempo que afirmó que el dividendo de la paz es el dividendo de la seguridad motivo por el cual desestimó una posible reducción en el presupuesto de la Fuerza Pública tras una eventual firma o acuerdo con las Farc, lo que en su interpretación sería un grave error, ya que las Fuerzas Militares de Colombia tiene que seguir velando por el control del territorio y las zonas de frontera.

Otra labor que por inherencia tiene la fuerza pública, aclaró el Senador, es la urgente desarticulación de estructuras criminales, la lucha contra el narcotráfico y así mismo el reto ideológico que se aproxima.

Devenir colombiano

A las puertas de una firma de paz con las Farc, los analistas precisan que el Gobierno colombiano sigue dejando vacíos en los debates públicos, no solo sobre los planteamientos que se están acordando sino que también hay dudas sobre la manera de refrendación y aspectos cruciales como el mecanismo que se utilizará para legitimar y financiar un proceso trascendental para la historia del país. Además de ello, se está dejando a un lado el debate público sobre las garantías y los costos de la paz, el enfoque que este tendrá y el devenir económico, político y social del país.

Finalmente, en desarrollo del foro “La Realidad Económica del País en un Eventual Posconflicto”, el General (Ra), Jaime Ruiz Barrera, sostuvo que la Reserva Activa, que ha vivido el conflicto ahora es visible ante la opinión pública y ratificó que este es un sector que está más activo que nunca.

Demandó del ejecutivo antes de una firma de paz, respuestas y explicaciones por los costos económicos de esta; de igual manera exigió una metodología y una forma detallada de cómo se va a pagar ese arreglo.

En su opinión, el Gobierno debe informar qué está comprando con la firma de este proceso, cuáles serán las reformas democráticas y qué va a pasar con el ELN, teniendo en cuenta que no se puede hablar de una paz estable y duradera mientras el sector campesino siga siendo descuidado.

El presidente de Acore aseveró que hablar de paz será menos consecuente con las cifras de desempleo al alza, con el IVA en aumento, el narcotráfico campeando sin que se le combata frontalmente y mucho menos con una política de subsidios centralizados, pero por sobre todo que siga habiendo grupos al margen de la ley que atenten violentamente contra los colombianos.