La Asociación de Comercializadores Industriales de Combustibles y Energéticos (ACICE) denuncia ante el Gobierno Nacional una crítica ineficiencia regulatoria que obliga al sector a realizar un pago administrativo para un mismo fin. La exigencia simultánea del Manifiesto Electrónico de Carga y la Guía Digital de Transporte representa un cobro adicional que erosiona la viabilidad económica de los comercializadores industriales y ponen riesgo el abastecimiento nacional.
Una Redundancia sin Justificación Técnica
Actualmente, el marco normativo (Decreto 1017 de 2025 y Resolución 40483 de 2023) obliga a los transportadores a gestionar por dos documentos que contienen exactamente la misma información: origen, destino, volumen de combustible y datos del vehículo. ACICE considera inviable que se obligue a obtener el Manifiesto de Carga cuando la Guía Digital de Transporte ya es un instrumento de control suficiente y completo.
Impacto Directo en la Rentabilidad
Dado que el margen de utilidad de los Comercializadores Industriales está regulado por el Ministerio de Minas y Energía, las empresas no pueden trasladar estos sobrecostos al precio final. Esto significa que cada pago por el Manifiesto de Carga es asumido directamente por el Comercializador Industrial, reduciendo aún más su capacidad de inversión y operación. Aseguró Andrea M. Cabrejo, representante legal de ACICE.
Es especialmente sensible el impacto de lo anterior en la logística de reparto consolidado, donde se abastece a múltiples clientes pequeños en una sola ruta. En estos casos, el costo fijo del Manifiesto de Carga por cada entrega individual supera el margen de ganancia permitido, convirtiendo la operación en una pérdida económica sistemática que afecta la competitividad industrial de las regiones.
ACICE insta a las autoridades competentes a unificar los criterios regulatorios de manera inmediata. Es imperativo reconocer la Guía Digital de Transporte como el único documento necesario para amparar el transporte terrestre de combustibles líquidos, eliminando así una carga financiera injustificada que atenta contra la sostenibilidad del sector energético.
Única asociación que representa al sector de los comercializadores industriales de combustibles y energéticos en Colombia. Como agentes de la cadena de distribución de combustibles del país, actúan como comercializadores industriales, atendiendo al sector real de la industria.
