Dentro de todo lo que se esperó del gobierno de Gustavo Petro, en el que no todo lo hecho es malo como quieren hacer ver algunos sectores políticos cercanos al odio y que contribuyeron con el acabose del país, está el meter en cintura los procesos de liquidación e intervención porque generalmente terminan con la ruina de ahorradores, trabajadores y personas que invirtieron parte de su vida en un sueño diseñado para la posteridad, algo totalmente injusto, pero rentable para alguien en una nación indolente, corrupta, en donde no es difícil apropiarse de lo ajeno, cueste lo que cueste.

Corveica y otros casos ponen la lupa en la justicia y por eso este artículo va dirigido, no solamente a la Presidencia de la República, sino a los Altos Tribunales, la Procuraduría, Contraloría, Fiscalía y muy especialmente al Consejo Superior de la Judicatura porque existe la sospecha de corruptelas, decisiones equivocadas o desacatos. Hay, como dicen los afectados del Fondo de Empleados de Instituciones y Empresas Colombianas del Sector Agropecuario, Corveica, unos procedimientos inquietantes que invitan a la revisión y a una debida administración de justicia, en la que de manera sorprendente todavía creen los ahorradores de esa entidad en liquidación que hoy se pueden etiquetar como víctimas, personas engañadas y en derecho terriblemente maltratadas.

Es sumamente alarmante, las liquidaciones se afianzaron como un gran negocio para un privilegiado grupo de personas y juristas que no solo hacen largos y sufribles los procesos, sino que generan detrimentos patrimoniales exagerados en total perjuicio de las entidades llamadas a intervenir, toda vez que deberían ser mecanismos o procedimientos cortos y de bajo costo, pero no, en Colombia eso tiene salarios enormes y unos tiempos brutalmente excesivos, dicho de otra forma, acabar con lo poco que les queda los ahorradores decentes.

Es preciso evocar que Corveica fue un fondo de empleados en el que sus ahorradores aportaron durante su vida laboral el 10% de su sueldo mensual, para obtener servicios para el bienestar de sus familias. Según los afectados, la intervención se produjo por aparentes malos manejos administrativos de sus directivos.

 

 

La liquidación, aclaran los ahorradores, ha identificado que los acreedores son los mismos asociados y con sus recursos, dicen, se ha pagado la intervención de la Superintendencia de la Economía Solidaria, con un costo que agota los ahorros a una aplastante velocidad.

En desarrollo de lo que llaman, nefasta intervención-liquidación de Corveica, los acreedores y ex asociados expresaron su más profunda inconformidad frente a las intervenciones adelantadas por la Superintendencia durante los últimos años, toda vez que en el último periodo bajo el control de la entidad, desde 2019, lejos de evidenciar resultados concretos, dichas actuaciones han coincidido con la progresiva desmejora de los ahorros que durante décadas fueron confiados al sistema solidario, hoy, recalcaron, convertidos en ahorros de recuperación incierta dentro de un proceso de liquidación que aún no ofrece soluciones claras y si por el contrario muchas dudas.

La intervención, que tuvo que ser temporal, conllevó a la liquidación que increíblemente acumula seis años sin resultados positivos y con rotación permanente de liquidadores, todos con ingresos captados de un público urgido de soluciones.

No niegan que el pasado viernes 13 de febrero de 2026, hubo una reunión general convocada por la Superintendencia de la Economía Solidaria que terminó con lo que catalogan los afectados, un desplante institucional, situación crítica que deja ver la gravedad de la intervenida Corveica.

 

 

Los representantes de Corveica sintieron alivio al ver que la Superintendente de la Economía Solidaria María José Navarro Muñoz llegó a la anhelada cita, pero todo se derrumbó en instantes puesto que la funcionaria desconoció el término “prioridad” pues abandonó la reunión en la que estuvo menos de media hora, dejando ese espacio en manos del agente liquidador que tan solo respondió con evasivas, sin el debido sustento técnico y sin autoridad para tomar decisiones de fondo.

Los asociados consideraron la partida de la Superintendente como una falta de respeto con todos los acreedores que siguen atentos a la solución de este grave problema generado desde 2012.

Cifras para tener en cuenta

La realidad de Corveica tiene diversas aristas, todas refutables. Los asociados revelaron que hay de manera visible un escándalo financiero puesto que hay cifras indignantes y hondamente cuestionables porque sin ir tan lejos, la intervención-liquidación está consumiendo desmedidamente los ahorros sin que alguien diga o haga algo desde el ejecutivo o los organismos de control.

Desde 2019, muestra un estudio de los asociados, se han gastado más de $15.600 millones de los cuales cerca del 50% corresponden a honorarios de liquidadores, contralores y asesores. Condenaron que, en 2025, los encargados de actuar al amparo de la probidad, gastaran $1.116 millones en honorarios que equivalen a $93 millones mensuales.

 

Tristemente, dijeron, en seis años, a los asociados solo les han devuelto $6.565 millones, es decir 24,14% del valor total de las acreencias.

El punto más deplorable es que en el proceso se gasta casi el triple en administrar la intervención-liquidación que el valor devuelto a los ex-asociados.

Piden blindar mayor respaldo, el Hotel Palmarena

Los asociados de Corveica hicieron un llamado de carácter urgente porque tal y como van las cosas se hace notorio que ante la proximidad de cerrar el proceso que tiene como fecha límite el siete de agosto de 2026, existe la intención de vender con prisa el Hotel Palmarena, precisamente el mayor respaldo de los afectados, activo que no debe subastarse o enajenarse por menos del 90 por ciento de su avalúo comercial actualizado, exigencia innegociable radicada por los perjudicados con la interminable y onerosa liquidación.

Ante este panorama, los copropietarios enfatizaron que no permitirán que su patrimonio sea absurdamente rematado para cubrir la ineficiencia del proceso. Frente a la posibilidad abocada, los confederados pidieron a manera de evidencia de transparencia en la factible venta, una amplia convocatoria a cadenas hoteleras nacionales e internacionales, así como a agencias inmobiliarias con conocimiento y veeduría directa de los acreedores.

 

 

En charla con Diariolaeconomia.com, la acreedora Inés Rojas afirmó igualmente que hubo una exigencia adicional y es un informe detallado sobre la zozobra que generó el levantamiento de la hipoteca del activo Pueblo Quieto, puntualmente con el predio “Araguaney” y el costo real del cobro de cartera que no fue documentado en la reunión. En opinión de la ex ahorradora, todo lo que ha rodeado el bochornoso capítulo Corveica, ha sido más que un caos, puesto que la intervención de Corveica ha sido catalogada por los acreedores como un robo del Estado.

La otrora asociada subrayó, que como reza en un documento entregado a la opinión pública, hubo total rechazo al Plan 2026 presentado por el liquidador por cuanto no contempla fechas de pago, adolece de metas claras y oculta la verdad en casos como Pueblo Quieto y la misma recuperación de cartera regional.

Añadió que el plan expuesto por el liquidador fue cuestionado por ser un documento administrativo vacío y carente de asidero jurídico, así como de justificación. Frente a ese contexto, los asociados, anotó Rojas, exigieron un ajuste inmediato para poderlo incluir en la hoja de ruta que demanda per sé, metas medibles e indicadores de desempeño, criterios claros de éxito con entregables por actividad y responsables específicos, cronograma real en donde se aboque el ajuste de las inconsistencias en las fechas de cierre y un diagnóstico serio de las actividades aplazadas.

La vocera manifestó que dentro de las peticiones también se solicitaron estudios de Costo-Beneficio del proceso de venta de inmuebles, ello con un detalle minucioso de las actividades de venta con intervalos de ejecución adecuados.

 

 

Luego de un análisis juicioso, los asociados de Corveica pidieron mayor comunicación y participación puesto que ni la Superintendencia Solidaria ni los agentes especiales han garantizado canales de comunicación accesibles porque hay evidencia documentada y presentada del bajo cubrimiento que actualmente tiene Corveica en comunicaciones habida cuenta que en la reunión, gran parte de la participación fue posible por el diálogo entre acreedores. Hay otras peticiones en el marco del respeto como acceso oportuno a los estados financieros y contables sin que haya necesidad de ir a las instancias judiciales.

A propósito de la instancia de la Junta de Acreedores, Inés Rojas acentuó que se solicitó convocar con mayor frecuencia a los afectados para que ese espacio se convierta de verdadera socialización de las decisiones trascendentales.

Al liquidar se le pidió, apuntó Rojas, se le pidió hacer efectiva la solicitud de la Superintendente para que acuerde reuniones con los comités regionales de acreedores que acudieron a la reunión.

 

“Lo dijimos y lo cumplimos, estamos en estado de alerta, hay una vigilancia común y permanente que nos compromete a todos en lo que tiene que ver con la parte final del proceso de liquidación porque nos corresponde por derecho hacer una defensa activa de nuestros ahorros, los de toda una vida laboral hoy bajo amenaza. Hay que insistir, no nos vamos a rendir, solicitaremos mesas de trabajo mensualmente con las regiones y exigiremos transparencia máxima en cada peso que se gaste. No permitiremos que la burocracia y la ineficiencia sigan extrayendo lo que nos tomó décadas, ahorrar y guardar para tener una mejor vida. Somos conscientes y queremos que se cumpla con la promesa de terminar esta liquidación antes de que termite el gobierno de turno, eso sí, con resultados financieros reales, justos y favorables para las familias de los ex asociados, no cerrar escuetamente un expediente solo por cumplirle al ejecutivo y permitiendo que se evapore el esfuerzo de toda una vida laboral”, aseveró Inés Rojas.

 

 

Esta mujer, quien hace parte de los más de 2.300 acreedores de Corveica en liquidación dijo que lamentablemente sienten el actuar de un cartel o una organización de liquidadores que no han hecho su trabajo correctamente y que inclusive hacen pensar que ha faltado verticalidad en el proceso. Puntualizó que es impresentable que en seis años hayan pasado seis liquidadores sin que se note mayor avance porque diferente a buenos resultados, lo que se ha gastado es muchísima plata, la de los ahorradores o acreedores. Enfatizó que no es justo que estos funcionarios de paso se metan gran parte de la plata ajena al bolsillo dejándoles miseria a los trabajadores que vieron promisorio ahorrar.

La ahorradora destacó que hace un año hubo una reunión con la Superintendente quien hizo unas promesas al unísono con el agente liquidador, persona que mágicamente abandonó el carga porque se fue a hacer campaña política sin que avanzara en la venta de los inmuebles, nunca, dijo, hubo una intención de compra, se habló de negocios desistidos y hoy preocupantemente el saldo de Corveica está en rojo, una muestra decepcionante que nuevamente el caso le quedó grande al gobierno, o simplemente no hubo la mínima intención de adelantar, eso en franco perjuicio de los asociados.

El Hotel Palmarena, destacó, sigue siendo un dolor de cabeza porque quien tomó en arriendo el inmueble está cobrando mejoras en bien ajeno y hasta donde se conoce la ley es taxativa, si no hubo autorización de los dueños, el cobro no tiene asidero.

Esto se está volviendo ilógico, recalcó Inés Rojas, el sujeto que tomó el inmueble en efecto hizo unas mejoras sin consultar a los dueños del hotel y después de tanta lucha y argumentación un juzgado restituyó el edifico a Corveica, pero hubo impugnación al fallo, el asunto llegó a otro juzgado de reparto y hoy los legítimos propietarios esperan un nuevo laudo en la ciudad de Santa Marta, pero hay fe en que la justicia mida los alcances legales y les dé la razón a más de 2.000 familias que tienen sus ahorros invertidos en un hotel que no tiene por qué perderse en vista que es el único patrimonio que les queda.

 

 

Como hay afán, los asociados de Corveica lograron averiguar que el agente quiere liquidar a lo “maldita sea”, busca, expresaron, regalar o feriar los bienes para que al final digan que la plata no alcanzó. La acreedora fue recurrente al decir que los socios no quieren que el hotel salga a venta por menos del 90 por ciento del avalúo real.

Rojas señaló que el país esperaba que el presidente Gustavo Petro pudiera extirpar el cáncer de la corrupción presente en muchos espectros de la sociedad y del mismo sistema, pero todo dice que el tema es muy grande y que erradicarlo no será tarea fácil.

 

“El gobierno actual está representado en la Superintendente Solidaria, pero la señora María José Navarro no le ha dado la importancia que el fondo de empleados se merece o que estas familias que trabajaron para el sector agropecuario demandan. No vimos con buena cara que convocara a una reunión en donde llegó, saludó y se fue, nos quedamos esperando sus respuestas y lo que tiene planeado para este fondo”, apuntó la acreedora de Corveica Inés Rojas.

 

De manera equivocada, afirmó la vocera, a los trabajadores y colaboradores de Corveica les vieron la cara de estúpidos, pero el gobierno al parecer ignora que en ese fondo están los funcionarios del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA y los de Agrosavia, el ente que hace la investigación en Colombia, el sitio en donde muchas personas le pusieron el pecho a la brisa, laboraron mucho tiempo y dejaron sus ahorros ahí sin que hoy se quiera responder por el dinero atesorado de manera legítima y disciplinada.

 

 

En su plática, Rojas expuso que duele mucho la indolencia del gobierno y la falta de interés de la Supersolidaria por tomar cartas en el asunto bajo el escudo de que la ley le permite tomar algunas decisiones, lo que pidió que aclaren la funcionaria es si la norma permite que a la gente la roben y si hay otras hechas para defender a los delincuentes.

Otro punto que irrita a los asociados es que algunos ahorradores murieron esperando que les arreglaran el problema porque hasta última hora abrigaron la esperanza que recuperarían su peculio, tristemente la vida no les alcanzó y partieron de este mundo cruel sin nada resuelto. Hoy hay viudas esperando que esos ahorros les retribuyan en algo el dolor de haber perdido a su ser querido.

 

“Realmente esto es muy triste y sobre todo enfada que este caso de liquidación se convirtió en un trampolín político, un carrusel de politiquería y para la muestra un botón, el señor liquidador anterior dijo que él no hacía política, pero curiosamente estuvo seis meses al frente de la liquidación y de la noche a la mañana resultó haciendo campaña, eso sí, renunció y hoy trabaja con mucho empeño para llegar al Senado de la República, una situación inaceptable”, comentó la conocedora.

 

El actual agente liquidador de Corveica es el señor Víctor José Flórez Mora quien tiene todo tipo de desafío como aclarar el devenir del hotel Palmarena ubicado en el sector del Rodadero en Santa Marta, precisar que pasó con las oficinas vendidas como las del edificio de Cavipetrol, todo el rollo de Pueblo Quieto en el Meta en donde hay dudas por lo acaecido con un predio de uso exclusivo para actividades agropecuarias, venta por una cifra de 2.000 millones de pesos para la construcción de bodegas.

 

 

Los procesos de liquidación e intervención, precisó la acreedora Inés Rojas, están llamados a una revisión perentoria toda vez que siguen siendo largos, costosos y en total perjuicio de ahorradores, socios o dueños, un mal en cadena porque cada peso que se le resta a los actores es un dinero menos para la economía. Reclamó acción inmediata porque no es coherente que un salvavidas que debe ser diligente y eficaz se cambie por lentitud y costosos honorarios para que el igual del ejercicio sea devolver monedas a las personas perjudicadas que caen en despojo por subsanar la buena vida de algunos funcionarios impíos, finalmente el grueso de los activos se queda en las cuentas de los encargados de saldar y “arreglar” pasivos.

Rojas mostró su malestar porque recordó que el fondo de empleados fue intervenido por el mal manejo de una persona, pero diferente a salvar a los ahorradores lo que pasó fue que en lugar de defenderlos los hundieron, casi que les correspondió recibir una herencia maldita ya que se criminalizó a las personas amigas del ahorro que hoy a juicio de Inés Rojas, son vistos como los malos del paseo, pero, reclama, no dicen que son ellos los encargados del Estado los que hoy se lucran del ahorro, no ven, manifestó, que a la gente de Corveica le están metiendo la mano al bolsillo, la razón del requerimiento y la petición al gobierno para que ponga sus ojos en las liquidaciones, particularmente la de Corveica en donde hay más de 2.300 familias afectadas porque tienen sus recursos invertidos en esa cuenta.

 

“Hay interpuesta una demanda, pero, repito, las ventajas legales están diseñadas para los picaros. El juez dijo que no puede fallar porque habrá que esperar que a los ahorradores los terminen de robar, es decir que hasta que no se causen las pérdidas no se puede entrar a resolver, tremenda opción”, explicó Inés Rojas.

 

Hoy todo se ve turbio, a tal punto que, por rayar en violación de derechos humanos, hay voces que piden llevar el caso al arbitraje internacional si se diera el caso porque hay una visible afectación, aun cuando hay todavía credibilidad en los jueces locales y en la Defensoría del Pueblo, una figura constitucional que ofrece garantías. Hay comités regionales regados por todo el país de manera unificada como Córdoba-Sucre, Caribe Alto, Antioquia-Eje Cafetero, Bogotá-Cundinamarca, Tolima-Huila-Amazonía, Región Pacífica y Llanos Orientales, Santanderes-Boyacá, todos haciendo la tarea para recuperar los ahorros.

 

 

Corveica, expuso Rojas, no está pidiendo nada que esté al margen de la ley, tan solo solicita que se le devuelva lo que por derecho le pertenece, el ahorro de sus asociados. Hoy hay riesgos y es que se acabe la plata sin que se les pague a los acreedores externos, mala cosa porque eso significa que los ahorradores terminen sin plata y endeudados, una situación que genera pavor.

 

“Como dicen mis compañeros de infortunio, esto es cada ves más oscuro, ineficaz, extenso y costoso, tanto acreedores como ahorradores siguen viendo como se va la plata en la liquidación por ineptitud, improvisación, poco conocimiento y ganas de todo menos de salvar las empresas, a tal punto que se siente como si estuviéramos en el patíbulo pagándole al verdugo para que ponga a funcionar el hacha, la misma cosa”, concluyó la acreedora de Corveica Inés Rojas.